Monitoreo de conflictos en el territorio Uruguay Agosto–setiembre 2026

En Colectiva venimos monitoreando los conflictos o tensiones territoriales, labores y ambientales que se producen en Uruguay. A partir de notas de prensa, principalmente, elaboramos una Matriz de monitoreo de conflictos territoriales, a partir de la cual queremos construir un modelo que permita prevenir conflictos y anticipar desenlaces.

Si bien todavía los datos con los que contamos, no nos permiten calcular correlaciones ni probabilidades, si hemos elaborado un conjunto de hipótesis que queremos compartir con todos ustedes.

01  Seis hipótesis.

1.           Lo que se disputa importa. Los conflictos sobre un hecho puntual, como una obra o un contrato, tienden a cerrarse más rápido que los que fijan precedente para todo un sector.

2.         La decisión previa acota la negociación. Si el conflicto de fondo se resolvió antes de que el conflicto fuera público, solo queda negociar las condiciones.

3.         La concesión tiene que hablar el idioma del reclamo. Por ejemplo, ceder en el “cómo” no responde a un reclamo formulado sobre el “dónde”.

4.         Muchas mesas sin coordinación, resuelven por partes. Cuando hay varias instancias y ninguna las unifica, el conflicto avanza a ritmos distintos y casi nunca se cierra de una vez.

5.         La coerción intermedia puede ampliar el conflicto. En el ejemplo del conflicto del puerto de Montevideo, los servicios mínimos sumaron un frente nuevo y extendieron la disputa a todo el país.

6.         Sin verificación, el acuerdo caduca. Los compromisos sin mecanismo de seguimiento tienden a reaparecer.

Agosto y setiembre en grandes números

13 conflictos Territoriales relevados entre agosto y setiembre de 2026

1 acuerdo pleno en dos meses: Ex Hotel San Rafael, el 21 de agosto

44 días de afectación portuaria en 2026, según las cámaras empresariales

2.229 desplazados en el pico de las inundaciones de agosto (SINAE)

02  Octubre comienza con más conflictos abiertos que cerrados.

Entre el 1 de agosto y el 30 de setiembre de 2026, Colectiva siguió de cerca 13 conflictos en el territorio uruguayo: disputas laborales en el puerto y en la industria, resistencias vecinales a proyectos de inversión, una emergencia climática y grandes obras de infraestructura todavía en diseño. En esos dos meses, solo uno terminó con un acuerdo pleno entre las partes. El resto continuó abierto, avanzó a medias o retrocedió.

En agosto el monitoreo registró nueve conflictos activos. Predominó la conflictividad laboral, con cuatro casos, seguida por la ambiental y geográfica, con tres. Completaron el cuadro un diferendo comercial con derivación laboral, una controversia contractual entre el Estado y una empresa concesionaria, y una emergencia climática con desplazamiento masivo de población.

En setiembre hubo actualizaciones de seis procesos. Dos venían del mes anterior: el conflicto portuario y el proyecto de HIF Global en Paysandú. Los otros cuatro se incorporaron al seguimiento: planta elaboradora de Punta Ballena, la planta de valorización de residuos de Morseloy en Canelones, la reforma del transporte metropolitano y el proyecto Praxis/+Colonia. Ningún conflicto doméstico con actualización en setiembre se resolvió.

Montevideo concentró cuatro procesos en agosto y tres de seis en setiembre, en línea con su peso como sede portuaria, administrativa y de grandes proyectos inmobiliarios y de infraestructura. Paysandú fue el escenario del conflicto más complejo de ambos meses. Canelones y Colonia ganaron presencia en setiembre.

03 Los conflictos también pueden retroceder.

El caso del puerto de Montevideo es el que atención concentró en medios de prensa, observándose dos cortes sucesivos sobre el mismo conflicto. El convenio colectivo entre el sindicato SUPRA y Katoen Natie, operadora de la Terminal Cuenca del Plata (TCP), venció el 27 de abril. En agosto la negociación se movió: el sindicato modifico su reclamo de 25 a 24 jornales asegurados y el 24 de agosto los trabajadores retomaron tareas. En ese momento, existió un destrabe parcial, pero el 7 de setiembre SUPRA inició un paro por tiempo indeterminado. Entre el 12 y el 15 el gobierno llego a fijar servicios mínimos indispensables, aunque de forma transitoria y limitada, es la intervención estatal más directa hasta entonces. El 21 el conflicto se extendió a todos los puertos y actividades del sindicato, incluido Nueva Palmira.

El Estado usó cuatro instrumentos en escala creciente y ninguno derivó en un convenio. El más coercitivo, los servicios mínimos, tuvo un efecto paradójico: dividió el conflicto en dos frentes. SUPRA pasó a disputar con el Poder Ejecutivo por los servicios mínimos, y siguió disputando con TCP por el convenio. Además, el conflicto ganó alcance geográfico.

Al cierre de setiembre seguían abiertos cuatro puntos: la duración del convenio (cinco años según la empresa y el gobierno), los jornales asegurados (21 o 22 frente a 20), la partida extraordinaria ($ 27.500 que ofrece la empresa frente a $ 50.000 que pide el sindicato) y la cláusula de paz. A eso se suma un factor de contexto: la propuesta de una segunda terminal, de Neltume, por US$ 900 millones, a la que Katoen Natie se opone.

Hipótesis de trabajo

Cuando un conflicto laboral fija condiciones para todo un sector y recibe una intervención estatal coercitiva intermedia, tiende a ampliarse antes que a cerrarse. Y una tregua sin acuerdo bilateral no anticipa el cierre del conflicto.

04 Los acuerdos pueden cerrarse en el corto plazo.

El diferendo entre el desarrollador Grupo Cipriani y la constructora CRIBA por la obra del ex Hotel San Rafael, en Punta del Este, arrastraba incumplimientos de plazos desde noviembre de 2025. Durante meses fueron invisibles. Se volvieron públicos por su consecuencia laboral: el 13 de agosto había 200 trabajadores en seguro de paro.

El 16 de agosto Cipriani no logró ingresar a su obra y tuvo que intervenir la Policía. El conflicto pasó a ser noticia nacional. Al día siguiente, el intendente de Maldonado medió entre las partes, aclarando que se trataba de un negocio entre privados. Cipriani confirmó públicamente la continuidad del proyecto y la recontratación del personal. El 21 de agosto hubo dos acuerdos: uno entre las empresas para reanudar las obras y otro con el SUNCA para reintegrar a los trabajadores.

Tres factores podrían estar explicando el desenlace. El primero fue el costo reputacional, concentrado en la parte más visible y con más para perder. El segundo fue un mediador con autoridad simbólica y sin poder coercitivo. El tercero fue una compensación concreta, la recontratación, que funcionó como piso de garantía.

05 Conceder en la dimensión equivocada no necesariamente acerca a las partes.

Morseloy proyecta una planta de valorización de residuos en un predio de 192 hectáreas en Canelones, con capacidad para 500 toneladas diarias de residuos sólidos urbanos y 30 de poda. Queda a 800 metros de Villa Olmos y a 1.800 de Empalme Olmos. El 8 de setiembre la empresa presentó cambios al proyecto: eliminó el compost, principal fuente de olores, y lo reemplazó por biochar; redujo en 8 hectáreas el área de construcción y en cerca de 50 % el consumo de agua.

Los vecinos, en paralelo, superaron las 1.000 firmas (necesitan 950 válidas) para impulsar un referéndum que prohíba plantas de residuos a menos de 4.000 metros de la zona urbana. Si las firmas se validan, la Junta Departamental tendrá 60 días para tratar la iniciativa. Si no lo hace o vota en contra, la Intendencia deberá convocar el referéndum en el municipio.

El desajuste salta a la vista. El reclamo vecinal se formula sobre dónde está la planta. Las concesiones de la empresa se formulan sobre cómo funciona. Los cambios fueron unilaterales y no constituyen un acuerdo con los vecinos.

HIF Global ofrece el contraste. En ese caso la concesión coincidió con el reclamo: la planta se relocalizaría lejos de la costa frente a Colón, y las autoridades de Entre Ríos se dieron por satisfechas en pocos días. Su ministro subrayó que el reclamo apuntaba al impacto visual sobre Colón, con la inversión fuera de discusión.

Fábricas Nacionales de Cerveza mostró una tercera variante en agosto. La empresa confirmó el cierre de su planta de Minas, con 59 trabajadores afectados, y la reapertura acotada de la planta de Paysandú para enero de 2027, con entre 30 y 50 puestos. Según trascendió, la reestructura estaba decidida desde 2024. La mesa tripartita con el MEF, el MIEM y el MTSS pudo mover las condiciones de la reapertura. Mantener Minas abierta nunca estuvo sobre la mesa.

Hipótesis de trabajo

La probabilidad de acuerdo depende menos de cuánto concede el proponente que de si concede en la dimensión en la que está formulado el reclamo. Cuando la decisión de fondo se tomó antes de que el conflicto se hiciera público, la negociación posterior solo puede mover las condiciones.

06 Muchas mesas necesitan una que ordene.

HIF Global, presentada como la mayor inversión de la historia de Uruguay, concentra el conflicto más complejo del período. Se discute al mismo tiempo en cinco ámbitos: el diplomático con Argentina, el judicial en Entre Ríos, el ambiental, el de la participación ciudadana (un plebiscito departamental que frenó la Corte Electoral) y el económico-regulatorio, con la tarifa eléctrica de UTE como nudo principal.

En setiembre hubo un destrabe político. El 2 de setiembre, por instrucción presidencial, se confirmó la relocalización de la planta a un predio de unas 48 hectáreas de Ancap en Nuevo Paysandú, y Argentina celebró la decisión. El 14 de setiembre el Congreso Nacional de ediles respaldó la inversión, con 9 votos en 14 y la abstención del Frente Amplio. El intendente de Paysandú reclamó más celeridad.

El expediente avanzó a otro ritmo. El 10 de setiembre el Ministerio de Ambiente y la propia empresa aclararon que no hay una decisión formal sobre el nuevo emplazamiento. El estudio de impacto ambiental quedó suspendido. Siguen activas la denuncia penal de la fiscal Minatta y la acción civil del diputado Michel en Argentina. Tampoco hay acuerdo de inversión firmado: siguen abiertos la propiedad de la infraestructura, el reparto de inversiones y la tarifa con UTE.

Las mesas de HIF Global están encadenadas: la ambiental espera a que la empresa formalice el predio, y la empresa espera el acuerdo de inversión.

La novedad de setiembre está en esa cadena. En agosto el problema parecía ser la cantidad de ámbitos sin coordinación. En setiembre quedó claro que una mesa bloquea a la otra. A eso se suma una brecha entre el relato y el expediente: el anuncio diplomático convive con un estado formal que no cambió.

Hipótesis de trabajo

El avance en la mesa de mayor visibilidad política puede dar la impresión de resolución mientras las mesas técnicas siguen detenidas. Esto parece demostrar que es más conveniente medir el grado de resolución por mesa y no por conflicto.

07 Un cierre sin verificación funciona como una pausa.

En mayo de 2026, la empresa Punta Ballena despidió a 30 trabajadores y envió a cuatro al seguro de paro, entre ellos dos delegados sindicales. El episodio se revirtió con un compromiso de monitoreo del MTSS, sin mecanismo de verificación ni consecuencias previstas. Según el sindicato, la empresa no lo cumplió.

Unos 60 días después hubo un nuevo despido, esta vez del delegado de finanzas. El sindicato lo denuncia como persecución antisindical; la empresa lo atribuye a una reestructura por crisis de producción. El 10 de setiembre, en una tripartita en la Dinatra, el despido se reencuadró como un mes de seguro de paro. No hubo acuerdo, solo el compromiso de volver a reunirse en dos semanas. El comité de base quedó en asamblea permanente.

Las medidas transitorias parecen tener su propia fecha de vencimiento. Contado desde el 10 de setiembre, el mes de seguro de paro vence a principios de octubre y obliga a una nueva decisión.

Hipótesis de trabajo

Los cierres que dependen de un compromiso no vinculante tienen más probabilidad de reincidir que aquellos que incorporan un mecanismo verificable.

08 Los conflictos que todavía no empezaron también se gestionan.

Dos proyectos entraron al monitoreo sin una disputa abierta, por la escala de su intervención en el territorio. El primero es la reforma del transporte metropolitano. El 17 de setiembre el gobierno eligió el sistema BRT, con ómnibus biarticulados en carriles exclusivos, frente al tranvía y al metro ligero. La razón fue el costo: US$ 575 millones de inversión inicial, frente a US$ 1.544 millones y US$ 5.053 millones de las otras opciones. El financiamiento aprobado suma US$ 500 millones del BID y US$ 300 millones de CAF.

La Intendencia de Montevideo se fijó como objetivo iniciar en 2027 los procesos de expropiación; hasta ahora identificó una sola manzana, junto a la avenida 8 de octubre. Las obras afectarán el tránsito durante 18 meses. Ya hubo reclamos por falta de transparencia en la participación.

El segundo es el acuerdo preliminar entre Praxis y +Colonia para un desarrollo inmobiliario y tecnológico de US$ 1.000 millones proyectados cerca de Colonia del Sacramento. Según la prensa internacional, el acuerdo es mayormente no vinculante y la compra de terrenos todavía no se concretó.

Para estos casos, parece importante conocer el umbral de activación, es decir si el proyecto es un conflicto activo. En el transporte, ese umbral puede ser el inicio de las obras o una oposición formal de comerciantes y vecinos. En Praxis, la compra de los terrenos, la definición del uso del suelo o la primera objeción vecinal.